Hace unos días atrás, durante el debate presidencial realizado en la Universidad de Chile, se produjo una noticia esperanzadora para el mundo de la cultura y el patrimonio: Gabriel Boric, Yasna Provoste, Marcos Enríquez-Ominami, Eduardo Artés y Sebastián Sichel concordaron en aumentar los recursos destinados a este sector, llegando hasta el 1% del presupuesto público. Sin embargo, para enfrentar adecuadamente los grandes desafíos de este ámbito, no basta con aumentar el apoyo financiero del Estado. Es una medida necesaria, pero no suficiente. Más importante aún es contar con una visión integral sobre el rol de la cultura y el patrimonio en la construcción del Chile del siglo XXI, definiendo los principios y enfoques que rigen la acción pública en este campo.
En este sentido, es importante recordar que actualmente está vigente la Política Nacional de Cultura 2017-2022, generada durante la segunda administración de Bachelet, la que se elaboró en base al “enfoque de derechos”, reconociendo a las personas “como sujetos de derechos que el Estado debe garantizar”. Además, esta política cuenta con un “enfoque de territorio”, mirada que pretende “fortalecer el entramado sociocultural de los territorios” en relación con la toma de decisiones respecto del desarrollo cultual. El documento, a su vez, promueve la noción de “ciudadanía cultural”, que busca la plena participación de los individuos y las comunidades en la “creación, disfrute y distribución de los bienes y servicios culturales”.
Al revisar las principales propuestas de los candidatos presidenciales en el ámbito cultural, es posible concluir que varias de ellas son congruentes con los planteamientos de esta política, la que constituye un adecuado marco de sentido para el diseño de iniciativas y programas en el ámbito cultural, pese a que su implementación durante el actual gobierno ha sido claramente deficitaria.
Así, las candidaturas de Provoste y Enríquez-Ominami hacen un reconocimiento explícito de la cultura como un derecho humano. La postulante de Nuevo Pacto Social, además, enfatiza en su valor intrínseco para la cohesión social y promueve la vinculación de la cultura con el territorio, con una mirada descentralizada. Boric, por su parte, define a la cultura como pilar fundamental de la vida y el desarrollo humano, reconociendo el carácter plurinacional, diverso e intercultural de Chile, y asegurando la participación activa de las personas a lo largo del país, por medio de programas de cultura comunitaria innovadores. Sichel, en tanto, también rescata la importancia de las artes y la cultura para la construcción de un proyecto compartido de país, planteando, entre otras medidas, el potenciamiento de la educación artística, el desarrollo de un programa de intervención artística en espacios públicos, y la promoción de la industrias creativas y la economía naranja, aspecto que también es abordado por Provoste y MEO. Kast, en cambio, esboza una visión conservadora de la cultura, denunciando la supuesta implantación en Chile de políticas culturales que rechazan el “legado de la patria, su historia y costumbres”. El programa de Parisi, por último, es muy escueto, presentando solamente medidas aisladas, como la edificación de un rockódromo en Concepción.
Las propuestas de la mayoría de los candidatos apuntan en la dirección correcta, valorando el rol clave de la cultura para la construcción de un país más justo, equitativo e integrado. Sin dudas, serán insumos valiosos cuando enfrentemos el desafío de renovar la actual Política Nacional de Cultura y generar una nueva carta de navegación que efectivamente promueva el desarrollo cultural y patrimonial de nuestra sociedad, contribuyendo al bienestar y calidad de vida de los chilenos y chilenas.
Patrimonio y Arte 